Esta ley es la que permite el cierre o bloqueo de páginas web de descargas de archivos protegidos por derechos de autor, poniendo en manos de un órgano no judicial tal potestad, en concreto de una Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Cultura.
¿Y qué sucedió?, pues que ante este intento de la ministra de Cultura, el Consejo de Ministros tumbó la tramitación de la norma por la oposición de los otros dos ministros: el de Industria no estaba de acuerdo en la parte técnica y el de Justicia que puso objeciones jurídicas.
¿Y de cuándo colea esta ley?
Esta Ley, uno de los principales proyectos de este gobierno, ya estaba en el traspaso de carteras que le hizo a González Sinde su antecesor César Antonio Molina, y los cables de Wikileaks la sitúan por 2007.¿Mi opinión? La ONU considera la libertad en Internet un derecho fundamental. Los autores tienen sus derechos, pero éstos no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales del resto de los ciudadanos, como el derecho a la la presunción de inocencia, a la privacidad, a la seguridad, Por otra parte, si hay suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial.
La industria de contenidos multimedia debe renovarse, adaptarse a los nuevos tiempos, con alternativas actuales, eficaces, en consonancia con el desarrollo de las TIC y con los nuevos usos sociales. Las barreras sobre libertades al final caen y son ineficaces. Y el nuevo presidente debe recibir el mensaje de que la sociedad actual es la sociedad de la información, que no tolera actuaciones liberticidas.
Los ciudadanos necesitamos ser gobernados y gestionados desde la verdad, la transparencia y la igualdad. La democracia cuenta con un pueblo ya maduro, le toca actualizarse a los dirigentes.
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